B-TODAY

Enero 2020

¡EL TIEMPO SE ESTÁ AGOTANDO!

JUAN ANTONIO CAUBET
INTERNACIONAL

El tiempo se está agotando. Esta demoledora expresión, que se ha fijado de forma permanente en mi subconsciente, la pronunció como ponente un importante experto en la materia, catedrático de Ecología y miembro del Panel intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU, en un encuentro empresarial con los principales directivos españoles al que asistí aproximadamente hace un año, no era una advertencia o una amenaza, sino una mera exposición de la realidad objetiva desde la aflicción de conocer perfectamente las evidencias científicas del impacto de la actividad humana en el calentamiento global y constatar diariamente la inacción de los gobiernos ante esta espada de Damocles que pesa sobre nosotros y nuestras futuras generaciones.

Para hacer frente a este enorme reto necesitamos una acción colectiva de la sociedad que requiere cambios de conducta, innovación tecnológica y una nueva gobernanza. El paradigma más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático fue el Protocolo de Kioto, que estableció unos límites cuantificados y obligatorios de emisión de gases de efecto invernadero para los países que lo ratificaron y que son jurídicamente vinculantes para estos.

En 2015, el Acuerdo de París establecía el compromiso de mantener el aumento de la temperatura media mundial en 1,5 grados para fines de siglo. Sin embargo, las emisiones del CO2 generadas por el ser humano volvieron a aumentar en 2017, 2018 y con total seguridad se habrán superado en 2019. Casi el 90% de estas emisiones procedieron del uso de combustibles fósiles para la industria y el transporte. En 2017 crecieron un 2% después de 3 años de estancamiento y este 2019 se prevé que crezcan un 0,6% respecto al año anterior.

En este contexto, y bajo la presión y concienciación creciente ejercida por las capas más jóvenes de nuestra sociedad, liderados por la mediatizada Greta Thunberg, se celebró el pasado mes de diciembre en Madrid la cumbre del clima, que concluyó con una sensación de insatisfacción, ya que se adoptó un único acuerdo, denominado “Chile-Madrid Tiempo de Actuar”, que sienta las bases para que, en 2020, los países presenten compromisos de reducción de emisiones más ambiciosos para responder a la emergencia climática, sin que se hubieran alcanzado acuerdos jurídicamente vinculantes.

La pregunta que debemos plantearnos en este momento tan importante para nuestro planeta es: cómo nos van a afectar estas medidas y qué podemos hacer al respecto. Y la respuesta tiene dos vertientes.

Desde un punto de vista individual como ciudadanos, debemos asumir nuestra responsabilidad y concienciarnos sobre el impacto que nuestras actividades cotidianas pueden producir sobre el entorno así como sus consecuencias para el clima y las generaciones futuras.

Desde el punto de vista jurídico, en la actualidad, en nuestro país, no contamos con un marco normativo que permita impulsar esa acción colectiva, sin embargo recientemente el gobierno en funciones ha presentado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que introduce medidas que supondrían importantes cambios para nuestro modelo económico, cambios necesarios y urgentes que facilitarían una transición hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

Por ello, este anteproyecto es una buena referencia para la futura Ley de Cambio Climático, que deberá entrar en vigor con el próximo Gobierno. Sin embargo, al tratarse de una ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte de conformidad con los plazos previstos y, en aquellos casos en que no se establecen plazos, habrá que evitar retrasos innecesarios.

Los propósitos de la ley son cuatro:

– Poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética.

– Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales para asegurar su coherencia.

– Garantizar la cohesión social y territorial promoviendo una transición justa y solidaria.

– Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana.

El anteproyecto de ley prevé la adopción de medidas dirigidas a impulsar las energías renovables, reconociendo la primacía de estas instalaciones y la fijación de objetivos y medidas para lograr una movilidad sostenible. Esto, que aquí lo vemos como un coste económico que tenemos que asumir, es una enorme oportunidad de crecimiento económico, inversión y creación de empleo que debemos saber aprovechar.

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