La situación global generada por el COVID-19 afecta sustancialmente al normal desarrollo de las relaciones jurídicas entre empresas, y de éstas con sus trabajadores, clientes, proveedores, financiadores, socios o con la administración pública. El ejercicio de derechos y la defensa de intereses, en forma y tiempo, la resolución de diferencias y conflictos, son elementos de gestión básicos para la consecución de objetivos.

Las demandas de cumplimiento, de reclamaciones de cantidad, o en general de responsabilidad, tanto en el ámbito de las distintas jurisdicciones – civil, laboral, contencioso administrativa, penal- como de los procesos arbitrales, de mediación o conciliación, se incrementarán como consecuencia de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia, y de la crisis económica consecuencia de aquélla. El sistema judicial, la administración de justicia, por otra parte, necesitará un plan de choque tras el estado de alarma, con medidas organizativas y procesales, para evitar su colapso.

En estas circunstancias, es recomendable que las empresas adopten medidas y protocolos que faciliten el éxito de sus reclamaciones y el menor tiempo de resolución.

La posible congestión de la administración de justicia una vez reanude su funcionamiento normalizado, conllevará que aquellas empresas que antes tomen decisiones en este campo menos se verán afectadas por eventuales dilaciones del sistema judicial.

La evaluación de riesgos y el análisis de opciones es tarea prioritaria, a fin de posibilitar el imprescindible desarrollo de una estrategia procesal adecuada. Aspecto necesario, junto a la obtención de los necesarios elementos probatorios, para garantizar el éxito de la acción en los supuestos en los que entablar un litigio sea la decisión más adecuada.