Nuestras decisiones actuales pueden evitar situaciones indeseadas y responsabilidades futuras. Todo gestor prudente debe ser previsor.

La continuidad de las empresas se construye sobre su solvencia. Las circunstancias actuales derivadas de la crisis del COVID-19 afectan a la liquidez de las compañías, con el añadido de la dificultad de realizar proyecciones certeras sobre el momento de recuperación de su tesorería.

Ante eventuales supuestos de imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles de la empresa -insolvencia- debemos proteger distintos intereses:

• La empresa como negocio viable, es decir que la actividad empresarial continúe sin que se vea afectada por esta puntual falta de liquidez, y evitar el proceso concursal. Y para esto habrá que activar mecanismos- “escudos protectores”- de reestructuración preconcursal de empresas viables con dificultades.

• En caso de un inevitable concurso de acreedores deberemos utilizar mecanismos que protejan la continuidad de la actividad, tales como la propuesta anticipada de convenio, el convenio de continuidad y la enajenación de unidades productivas.

• Evitar que se derive a los gestores de las empresas responsabilidades personales por acción u omisión, incluyendo las derivadas de la falta de implementación de las medidas jurídico-mercantiles oportunas ante situaciones preconcursales o concursales.

Es recomendable analizar el riesgo de insolvencia en cada caso -muy grave, grave, o leve-, presente o futuro, en que pueda encontrarse la entidad, y alternativas, planes de contingencia y criterios de actuación. Disponer de evaluadores, de medidores y metodología contrastada, es una ventaja competitiva.