ROSSELLA LO GALBO
INTERNACIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, el Real Decreto 629/2022, por el que se modifica el Reglamento de La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El objetivo de esta reforma es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio, así como dar respuesta a situaciones preexistentes no resueltas con la actual normativa reglamentaria, desde la plena salvaguarda de las condiciones laborales.
Asimismo, persigue adecuar el marco de las autorizaciones de trabajo al nuevo marco de contratación establecido por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la trasformación del mercado de trabajo, además de actualizar algunos elementos de figuras previstas en el Reglamento de Extranjería tras las novedades jurisprudenciales de los últimos años.
Otro de los fundamentos de esta normativa es facilitar a los empresarios la contratación de extranjeros en sus países de origen y abre nuevas vías para que los inmigrantes que ya vivan en España puedan regularizarse y trabajar. La medida prevé modificaciones técnicas que permitirán emprender, reagrupar a familiares o regularizarse cuando se está trabajando en la clandestinidad, pero trae, sobre todo, novedades claves para realizar cambios de la política migratoria.
En primer lugar, la reforma tiene como prioridad ampliar y mejorar la contratación de extranjeros. De esta manera, estos trabajadores podrán conseguir una autorización de trabajo de cuatro años que les permitirá trabajar por cada año durante un periodo de 9 meses. Si los trabajadores vuelven a sus países en cada final de temporada, se les permitirá volver a España con un permiso de residencia y trabajo de dos años, prorrogables.
Con la reforma en cuestión, cambia también el modelo de contratación de profesionales desde el país de origen, que en España está determinado por un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que no responde a la realidad. Según esta lista, el país, básicamente, solo necesita personal de buque y entrenadores y deportistas de élite. El nuevo reglamento implica cambiar la manera en la que se elabora el catálogo, actualizándolo cada tres meses, reduciendo plazos y flexibilizando la contratación en sectores que determinará, según la coyuntura, el Ministerio de Asuntos Económicos.
La reforma asimismo fomenta la internacionalización de las Universidades Españolas a través de un sistema más favorable para la atracción de estudiantes. Hasta ahora, los estudiantes extranjeros tenían limitada la posibilidad de compaginar su formación con un empleo o quedarse en España tras acabar sus estudios. Ahora bien, a partir de la entrada en vigor de la normativa, se permitirá a los trabajadores extranjeros prestar servicio por cuenta ajena hasta 30 horas semanales.
Otra novedad consiste en crear una figura legal para que inmigrantes que lleven en situación irregular en España al menos dos años tengan unas oportunidades para conseguir su permiso de residencia. Se trata del arraigo por formación con el que se ofrecerá una autorización de residencia para formarse en ocupaciones en las que se necesita mano de obra y que, posteriormente, permitirá trabajar si el extranjero consigue un contrato de trabajo.
Finalmente, se pretende mejorar la tramitación de expedientes a través de una nueva unidad administrativa, es decir un nuevo modelo de Oficina que garantice el legítimo interés de las empresas a obtener sin mayores dificultades burocráticas los permisos de residencia para sus trabajadores. La creación de una unidad flexible, centralizada, que pueda prestar apoyo a las oficinas en la tramitación, se propone como un paso decidido hacia la innovación en la gestión de la extranjería, basada en principios de deslocalización y tramitación electrónica, que sea un punto de inflexión en el servicio prestado al ciudadano.
