Ana Rita Campos
BARRILERO SPS
Vivimos una época curiosa.
Por primera vez en la historia, millones de personas recurren diariamente a una herramienta capaz de responder a casi cualquier pregunta en cuestión de segundos. Cuestiones jurídicas, médicas, financieras o personales se plantean hoy a sistemas de inteligencia artificial con la misma naturalidad con la que se consulta un motor de búsqueda o se solicita la opinión de un profesional.
Pero existe una diferencia importante.
A diferencia de una simple búsqueda, las respuestas proporcionadas por sistemas de inteligencia artificial, como ChatGPT, se presentan de forma estructurada, segura y convincente. Están redactadas en un lenguaje cercano al humano, transmitiendo una sensación de conocimiento y autoridad que genera fácilmente confianza en quien recibe la respuesta a su consulta.
Y es precisamente aquí donde surge una de las cuestiones jurídicas más interesantes de nuestro tiempo: ¿quién responde cuando esa confianza conduce al error?
La responsabilidad civil se ha fundamentado tradicionalmente en la idea de que quien causa un daño debe responder por sus consecuencias. Presupone la existencia de una conducta, de un daño y de un nexo causal que permita identificar a quien debe asumir la responsabilidad por los perjuicios ocasionados. Durante siglos, la pregunta fue relativamente sencilla: ¿quién realizó el acto que originó el daño?
La inteligencia artificial ha venido a hacer menos evidente esa respuesta.
Si un usuario sigue una información jurídica incorrecta generada por un sistema de IA y sufre perjuicios, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿La empresa que desarrolló la tecnología? ¿La entidad que la puso a disposición? ¿El profesional que la utilizó sin la debida validación? ¿O el propio usuario que decidió confiar en la respuesta?
La cuestión está lejos de ser pacífica, tanto en la doctrina como en el ámbito legislativo.
Por un lado, no puede ignorarse que estos sistemas están diseñados para parecer útiles, accesibles y fiables. Cuanto más sofisticadas se vuelven sus respuestas, mayor es la probabilidad de que los usuarios les atribuyan un grado de confianza que no siempre se corresponde con su verdadera capacidad de precisión.
Por otro lado, tampoco debemos olvidar que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta. Una herramienta extraordinariamente poderosa, pero que continúa siendo incapaz de comprender el significado, el contexto o las consecuencias de aquello que afirma.
Los profesionales del Derecho saben que el error siempre ha existido. Jueces, abogados, médicos y académicos se equivocan. La diferencia es que el error humano suele estar asociado a alguien que asume la responsabilidad por sus decisiones.
La inteligencia artificial, por el contrario, puede generar una respuesta errónea sin ser consciente del error, sin intención y sin ninguna comprensión de las consecuencias que dicha información puede producir en la vida de quien confía en ella.
Quienes ejercen la abogacía saben que la confianza depositada en una información jurídica puede tener consecuencias muy concretas en la vida de las personas. Una interpretación incorrecta de la ley, una orientación inadecuada o la adopción de una estrategia equivocada pueden traducirse en perjuicios significativos. Precisamente por ello, la prudencia, la validación y el espíritu crítico siguen siendo indispensables, independientemente de la herramienta utilizada.
Por ello considero peligrosa la idea, cada vez más extendida, de delegar en estas herramientas tareas que exigen análisis crítico, prudencia y responsabilidad.
La tecnología puede apoyar el razonamiento jurídico. Puede acelerar la investigación, organizar información y aumentar la eficiencia. Lo que no puede hacer es sustituir el deber humano de verificar, cuestionar y decidir.
Desde mi punto de vista, la evolución tecnológica no puede conducir a una erosión de los principios fundamentales de la responsabilidad civil. La complejidad técnica de los sistemas de inteligencia artificial no debe convertirse en una tierra de nadie jurídica donde el daño existe, pero el responsable desaparece.
La verdadera cuestión no es si la inteligencia artificial puede equivocarse. La cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a transferir nuestra confianza a sistemas que no asumen responsabilidad alguna por las consecuencias de sus respuestas.
El desafío del Derecho no debe ser impedir la evolución tecnológica, que nos aporta numerosos beneficios, sino garantizar que la innovación no sustituya la responsabilidad de quienes crean, utilizan y toman decisiones basadas en estas herramientas.
En un mundo cada vez más automatizado, quizá el reto no sea protegernos de la inteligencia artificial, sino garantizar que no renunciamos a la inteligencia humana que sigue siendo necesaria para utilizarla de forma responsable y segura.
Porque, por muy sofisticados que lleguen a ser los algoritmos, la responsabilidad sigue perteneciendo a quien decide confiar, utilizar y actuar.
