LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Gabriela Lachiondo
Recientemente, el Gobierno ha anunciado una propuesta de reforma del régimen de incapacidad temporal (IT) con el objetivo de flexibilizar la reincorporación progresiva de los trabajadores tras una baja médica, especialmente en casos de enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración. Este cambio pretende equilibrar las necesidades tanto de los empleados como de las empresas, proporcionando un sistema más flexible y adaptado a las circunstancias individuales.
La reforma plantea modificaciones sustanciales en torno a la reincorporación gradual del trabajador. En primer lugar, esta reincorporación no será una obligación para el empleado, puesto que solo se aplicará cuando el trabajador y su médico tratante lo consideren oportuno, y cuando la empresa esté conforme en facilitar dicha reincorporación. Es decir, la decisión será consensuada entre las tres partes, garantizando siempre que la salud del trabajador sea la máxima prioridad.
El trabajador podrá reincorporarse de manera gradual a sus funciones sin necesidad de haber obtenido el alta médica completa. Durante este periodo, la empresa estará obligada a garantizar que el puesto de trabajo se ajuste a las limitaciones físicas o mentales del empleado. Esto puede requerir cambios en las tareas asignadas o en el horario laboral.
Por ello, la implementación de esta reforma presenta importantes desafíos, tanto para los trabajadores como para las empresas. Uno de los principales riesgos para los trabajadores es la posibilidad de sentir presión para reincorporarse antes de estar completamente recuperados. En este sentido, tanto CCOO como UGT han expresado su preocupación sobre el uso inadecuado de esta flexibilidad, advirtiendo que podría comprometer la atención médica si no se gestiona correctamente. Además, temen que algunos empleados se sientan forzados, de manera directa o indirecta, a regresar al trabajo prematuramente, poniendo en riesgo su salud.
Desde el punto de vista empresarial, la reforma requerirá ajustes en políticas y procedimientos internos para gestionar esta propuesta. Esto puede implicar la redefinición de funciones, la adquisición de equipamiento o la adaptación del entorno laboral, con el fin de garantizar que no se presenten riesgos para la salud del trabajador. Estos cambios podrían suponer un incremento de costes que las empresas deberán prever y gestionar adecuadamente.
Ante la probable aprobación de esta reforma, es fundamental que las empresas comiencen a prepararse. Será necesario establecer protocolos específicos que aseguren una correcta gestión de la reincorporación progresiva, siempre respetando tanto la voluntariedad del trabajador como las directrices médicas.
Estos protocolos no sólo garantizarán el cumplimiento de la normativa, sino que también protegerán la seguridad jurídica de la empresa.
Asimismo, será esencial formar a los departamentos de recursos humanos para gestionar estos nuevos escenarios de manera eficiente y ordenada. Igualmente, las empresas deberán revisar y adaptar sus entornos laborales, garantizando que éstos sean seguros para los trabajadores que se reincorporen tras una baja médica. Este enfoque preventivo no sólo protegerá la salud del empleado, sino que ayudará a evitar posibles riesgos legales.
En conclusión, aunque la reforma plantea ciertos retos, también representa una oportunidad para que las empresas refuercen sus políticas internas y mejoren la seguridad en el entorno laboral.
