EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD: EL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
MARTA BARRILERO GARCÍA-MIÑAUR
COMMERCIAL
El progreso de las sociedades humanas parece imparable, la población mundial se ha quintuplica- do en apenas un siglo y el PIB mundial es ochenta veces superior al de 1900 y todo apunta a que nos encontramos en una etapa de disrupción en la que la velocidad a la que avanzamos puede incrementarse de forma exponencial. Sin embargo, este crecimiento tiene también contrapartidas negativas como el deterioro del medio ambiente, el con- sumo de recursos finitos o la desigualdad extrema entre regiones. Generalmente, y en gran medida gracias a las agencias internacionales, cuando una sociedad alcanza unos niveles de desarrollo satisfactorios empieza a surgir la conciencia de la sostenibilidad. El objetivo no puede ser crecer a cualquier precio sino hacerlo de forma que no acabemos destruidos por nuestros propios excesos y parece que, por fin, se están dando pasos en la dirección correcta para definir un modelo de economía sostenible.
Ciertas empresas (que cumplan una serie de criterios*) tendrán, desde este año 2019, que incorporar un nuevo punto en el orden del día de sus juntas generales: la aprobación del estado de información no financiera. La inclusión de este informe supone un punto de inflexión y pretende facilitar la consecución de uno de los mayores anhelos de la sociedad del siglo XXI: una economía mundial sólida pero sostenible, que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección al medio ambiente.
Por primera vez muchas empresas se enfrentan a un examen que va más allá de lo puramente económico o financiero ya que tienen que incorporar al informe de gestión información detallada de las políticas qué vienen aplicando en cuestiones medioambientales, de lucha contra la corrupción y el soborno, en el ámbito social o de respeto a los derechos humanos, así como sus resultados de su aplicación. Además, deben identificarse los posibles riesgos que entrañan dichas políticas, los procedimientos para su verificación y control.
Sin duda, esto llevará a las empresas a hacer una labor de reflexión y análisis introspectivo de gran calado para revisar toda su forma de operar, lo cual previsiblemente supondrá un consumo de recursos no despreciable y la muy probable incorporación de nuevos profesionales entrenados para imple- mentar el cumplimiento de esta nueva normativa. No se puede obviar el riesgo de burocratizar en exceso el ya de por sí sobrecargado quehacer cotidiano de la gestión empresarial por lo que dependerá de las instituciones simplificar al máximo el proceso ya que su éxito va a estar en gran medida relacionado con ello.
Estamos ante un gran paso, para mejorar la sociedad mediante la acción empresarial responsable. Los medios para alcanzar esa noble finalidad han de ser proporcionales y adaptados a las necesidades dinámicas de las empresas ya que, si esto no se consigue llevar a cabo en armonía con ellas, las probabilidades de fracasar son elevadas y hay mu- cho en juego para nuestro futuro como sociedad.
* Las sociedades en las que individual o colectivamente (sociedades que presenten cuentas consolidadas) concurran los siguientes requisitos:
- Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades o el grupo durante el ejercicio sea superior a 500.
- Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
- Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros.
- Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.
