LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL COVID 19
JUAN ANTONIO CAUBET BLANCO
INTERNATIONAL
Desde la creación de la Unión Europea, países miembro y Europa en su conjunto, se ha enfrentado a numerosos retos, especialmente durante los últimos años, ya que ha tenido que gestionar y dar respuesta a la crisis de los refugiados, la crisis del euro o el Brexit, entre otros.
Actualmente, estamos viviendo una situación sin precedentes que, sin género de dudas, es un DESAFÍO con mayúsculas. Nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria de la historia que ha derivado en una crisis económica y social y ha requerido que los organismos comunitarios (Consejo Europeo, BCE, Comisión Europea…) hayan tenido que actuar con celeridad y flexibilidad para mitigar el gran impacto que ha supuesto esta crisis en los estados miembros.
Ante esta situación, resulta inevitable conocer aquellas capacidades y limitaciones que la Unión Europea, como comunidad política de derecho, ostenta para poder intervenir en los distintos ámbitos, ya que únicamente tiene ese poder de acción en los asuntos para los que cuente con la autorización de los estados miembros, a través de los distintos tratados.
Desde el punto de vista sanitario y de salud pública, la pandemia no ha tenido la misma afectación en los distintos estados miembros, siendo los estados del sur los que han sufrido en mayor medida el impacto del coronavirus, por lo que la gestión interna que cada estado ha tenido que hacer de la crisis sanitaria también ha sido distinta, con la imposición de medidas restrictivas de los derechos individuales que han ayudado a mitigar la propagación del virus. En este plano, la Unión Europea únicamente tiene competencia de apoyo a los estados miembros, por lo que su principal línea de actuación ha sido la de formular evaluaciones de riesgos y proporcionar orientaciones publicando actualizaciones epidemiológicas sobre la situación mundial.
Desde el punto de vista económico, la magnitud del impacto es tremendamente severa, apuntando todas las previsiones a una recesión de la economía a nivel global para este año 2020 que requiere por parte de gobiernos e instituciones comunitarias de medidas rápidas, eficaces y valientes que reactiven la economía y mitiguen el impacto negativo a la mayor celeridad, así como de soluciones comunes, que ayuden a fortalecer las economías locales y garanticen a los estados miembros la liquidez necesaria para poder paliar los efectos devastadores de esta crisis.
Sin perjuicio que medidas económicas y fiscales sean competencia de los estados miembros, la Unión Europea ha aprobado una serie de medidas en aras a intentar amortiguar el impacto en la economía y los medios de subsistencia de la población, entre otras, las siguientes:
– Se han flexibilizado las reglas fiscales que limitan los niveles de déficit y deuda para dar a los estados miembros un mayor margen de maniobra presupuestario.
– Se ha elaborado un programa de compra de deuda pública y privada del Banco Central Europeo dotado con 750.000 millones de euros para inyectar liquidez a los estados miembros.
– Se ha creado del Fondo de Recuperación dentro del Presupuesto de la Unión Europea.
Respecto a esta última medida, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un Fondo de Recuperación ante el Covid-19 de 750.000 millones de euros que se distribuirán como sigue:
- ▪ 500.000 millones de euros en forma de subvenciones a fondo perdido.
- ▪ 250.000 millones de euros adicionales en créditos.
La referida propuesta, se organiza en tres pilares:
- 1. Apoyar la recuperación de los estados miembros a través de reformas estructurales e inversiones.
- 2. Reactivar la economía y la inversión privada en sectores clave.
- 3. Reforzar programas europeos ya existentes, y que la pandemia ha revelado cruciales como por ejemplo crear un nuevo programa de salud, para prevención y preparación de crisis.
Por lo que respecta a España, sería la segunda máxima beneficiaria obteniendo en total 140.446 millones, de los cuales 77.324 millones de Euros llegarían en forma de transferencias a fondo perdido, y 63.122 millones de Euros en forma de créditos que posteriormente tendrían que devolverse.
